Martes, 16 de septiembre de 2014
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Niños y Adolescentes
06.03.2012
Debate sobre sistema penitenciario abordará la situación de adultos y menores privados de la libertad
Natasha Pitts
Adital

La organización Defensa de Niños y Niñas Internacional (DNI) promoverá mañana (7), de 9h a 12h, en su sede en Costa Rica, un debate sobre la realidad nacional y los derechos de la infancia y la adolescencia. El evento contará con la participación de Don Guillermo Arroyo Muñoz, consultor internacional del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud) para hablar sobre la ‘actual situación de los Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario de Costa Rica’.

La iniciativa de DNI desea estimular el debate público y buscar salidas a la crisis que se implantó en el sistema penitenciario del país y que aparenta no tener soluciones. La organización desea iniciar este debate con el cuestionamiento ‘¿Más sistema penal o abordar las causas sociales de la delincuencia?’ La pregunta se realiza en un contexto de aumento de penas y de realización de préstamos para ampliar las cárceles.

El sistema penitenciario de Costa Rica está pasando por graves problemas que tienen como punto principal la superpoblación, que provoca situaciones como falta de acceso a la salud, comida inadecuada, falta de seguridad personal para los detenidos y para los funcionarios de las penitenciarías, así como falta de espacio para descanso, entre otros. La suma de estos problemas se convierte en un gran impedimento para la aplicación de programas de reinserción.

Según informaciones de DNI, en 1994 la población penal del país era de 3.272 personas, lo que significaba 99 presos por cada 100 mil habitantes. En 2010, este índice saltó a 12.110 presos, remitiendo a una cifra de 265 privados de libertad por cada 100 mil. En 2011, los números continuaron aumentando, así como el número de delitos. Prueba de ello es que los casos de homicidios pasaron de 5,52 (1994) por cada 100 mil a 10 por cada 100 mil habitantes (2011).

En el caso de la Justicia Penal Juvenil la situación no es mejor. Las penas para jóvenes y adolescentes infractores pueden llegar a 10 y hasta 15 años de privación de la libertad. En América Latina como un todo, los delitos más graves son cometidos por jóvenes con edades entre 16 y 17 años, que cumplen penas en régimen cerrado y tienen poca o ninguna oportunidad de pagar sus errores con una pena alternativa.

Además de las largas penas, adolescentes y adultos jóvenes también sufren por la superpoblación en el Centro de Formación Penal Juvenil Zurquí y en el Centro Adulto Joven, ya que el número de detenidos se triplicó en los últimos años. La falta de comodidad y de espacio llevan muchas veces a los detenidos a rebelarse con el fin de conseguir una solución a los problemas en los centros.

De acuerdo con DNI, después de la aplicación de la Ley de Justicia Penal Juvenil la privación de la libertad fue aplicada sólo en los delitos más graves. Con esto, entre los años 2000 y 2009 el promedio de detenidos en los centro juveniles era de 37 adolescentes y 39 adultos jóvenes, sumando un promedio anual de 76 privados de la libertad. Sin embargo, en octubre de 2011 estas cifras ya se habían triplicado y mostraban a 69 adolescentes y 157 adultos jóvenes detenidos, sumando un total de 226 privados de la libertad.

Así como en las prisiones, los programas de atención, trabajo social, educación formal, atención con psicólogo/a, recreación, acceso a la salud y seguridad también son perjudicados por la falta de espacio y estructura de los centros de detención.

Frente a estos innumerables problemas el poder público está optando por endurecer el sistema penal y aumentar los espacios. De acuerdo con DNI, el Ministerio de Justicia se empeñó en conseguir en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un préstamo de 132 millones de dólares para "equilibrar el sistema”, lo que significa aumentar la capacidad de espacios y atención en el sistema penitenciario.

DNI no está de acuerdo con este posicionamiento ante de los hechos y cuestiona: Si el incremento de penas y el uso masivo de la cárcel no han frenado la delincuencia, ¿no será que tenemos que replantear la receta? Si construimos más cárceles y las llenamos de más gente, ¿no será que en tres o cuatro años más estaremos otra vez ante la propuesta de aumentar la deuda externa para nuevas construcciones?

Para la organización de defensa de niños y adolescentes las soluciones pasan por racionalizar la detención y privar de la libertad sólo a los que muestren alto grado de peligrosidad. DNI defiende que las demás personas deben tener acceso a una amplia gama de alternativas fundamentadas en la justicia restaurativa, en la solución alternativa de conflictos y en la reinserción social.

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com

Natasha Pitts

Periodista de Adital
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