Lunes, 01 de septiembre de 2014
Artículos - Opinión
12.12.2011
Apuntes para contribuir a la cumbre social de diciembre
Cipca
Adital

La Paz, Diciembre 2011

Antecedentes.

El presidente Evo Morales ha convocado en octubre recién pasado a la cumbre social a realizarse en Cochabamba los próximos 12 al 14 de diciembre. La convocatoria fue lanzada cuando se desarrollaba la marcha indígena del TIPNIS, que ha contribuido a recolocar en el debate nacional el carácter y rumbo del proceso de cambio y a canalizar el descontento popular sobre cómo se conduce las transformaciones estatales en Bolivia. La convocatoria presidencial y los resultados de la marcha indígena han motivado diferentes lecturas y análisis. Desde nuestro punto de vista se han presentado al menos tres perspectivas:

- Primera, el gobierno –que evidencia tensiones internas sino fracturas- ha planteado la necesidad de llevar a cabo una cumbre social para elaborar una nueva agenda bajo el entendido que la agenda de octubre 2003 estaría cumplida –todavía habrá que evaluar profundamente si ello es así.

- Segunda, para una parte de la oposición política y regional, la marcha indígena y los resultados de las elecciones judiciales de octubre recién pasado están demandando una nueva propuesta de país y de poder para un nuevo proceso, ya que el Estado plurinacional no tiene institucionalidad y el MAS ha fracasado en la concreción de sus postulados. Para otra parte de la oposición política, el TIPNIS y las elecciones judiciales han desenmascarado al MAS, que no tiene intención de implementar la Constitución Política del Estado (CPE), y han develado sus pretensiones de asumir el poder total, de partido único.

- Tercera, para una buena parte de la sociedad civil y muchas organizaciones sociales –incluso para una parte de la oposición política- se trata más bien de la necesidad de reencausar, de reconducir, de recuperar y acelerar el proceso de cambio.

Nosotros, coincidiendo con esta tercera perspectiva, consideramos que el actual proceso de transformaciones estatales que tanto le ha costado construir, por décadas, al movimiento popular, con una alta participación del movimiento campesino indígena sigue vigente en sus postulados centrales y estratégicos, pero requiere de cambios transcendentales en su conducción. Si bien el gobierno no supo conducir este proceso, o se ha equivocado y despilfarrado la confianza que se le ha dado a través de las urnas, las calles y carreteras, los postulados centrales de la Constitución deben seguir siendo los ejes principales de la agenda.

A tan sólo días de la Cumbre de Cochabamba hay diferentes estados de ánimo en la población. Por un lado, hay mucha expectativa sobre los resultados, la nueva agenda, los temas que se vayan a abordar. Varios sectores (organizaciones, instituciones, entidades gremiales, empresarios…) están formulando sus propuestas. Por el otro, también hay quienes indican que la cumbre va a ser un acto más del partido oficialista y que no hay nada nuevo que esperar. Otros indican que la incapacidad del gobierno para plantear un plan coherente al país le lleva a convocar a este encuentro.

Sea como fuere, se espera que la indicada cumbre no sea un acto más del gobierno que concluya con declaraciones quejumbrosas y de buenas intenciones, sino una profunda reflexión, autocrítica y toma de conciencia del gran riesgo de conceder y capitular este proceso si no existen cambios sustanciales en su conducción, generando condiciones que pueden derivar en retrocesos históricos y frustración del movimiento popular. Que los resultados de la cumbre conlleven a la decisión de concretar las demandas históricas del movimiento popular, planteadas en la constitución como en diferentes normas, demandas y propuestas.

Una nueva agenda?

Si en verdad ya se cumplió la agenda de octubre con la aprobación y promulgación de la nueva CPE esta Cumbre se debió realizar en 2009. La aprobación de la nueva CPE es sin duda un logro sustantivo, que incluye como desafío la construcción del Estado plurinacional y autonómico, el modelo de economía plural y el vivir bien; las leyes de autonomías, madre tierra, de la revolución productiva, etc., sin olvidar que en estas normas han quedado contradicciones internas y aspectos francamente defectuosos o contrarios a los intereses de sus impulsores, que hay que corregir y enmendar.

Por tanto, desde nuestra perspectiva, más que elaborar una nueva agenda, se debería concentrar la atención sobre cómo implementar y operativizar los logros alcanzados hasta ahora.

La concreción de los planteamientos expuestos en la Constitución y las leyes tendrán al menos dos virtudes: sentar bases sólidas que tendrán gravitación en la historia del país a largo plazo, y constituirse en un referente, una alternativa que desde la experiencia puede contribuir al debate global y a la búsqueda de nuevos paradigmas de desarrollo, más acordes con la capacidad de soporte del planeta.

Tomando en cuenta los temas planteados por los diferentes sectores y el gobierno, y sobre todo de las organizaciones campesinas indígenas, consideramos que en la cumbre del valle se debe debatir sobre el modelo de desarrollo y el paradigma del vivir bien; el acceso, control y gestión de la tierra y los recursos naturales; producción y productividad para la seguridad alimentaria: con inversión, gestión del agua y suelos, y políticas de comercio internacional, entre otros.

Dada la amplitud y profundidad de los temas a tratar, sin duda la Cumbre de Cochabamba, debería ser apenas la etapa inicial de un proceso más amplio de debates, acuerdos y pactos.

Modelo de desarrollo

La nueva Constitución Política del Estado establece que el vivir bien se ha de concretar a partir del modelo de Estado plurinacional, el modelo de desarrollo territorial con base en las autonomías y el modelo económico plural. El modelo de economía plural se sustenta en la articulación de cuatro formas de organización económica: comunitaria, estatal, privada y social cooperativa con el objetivo de mejorar la calidad de vida y el vivir bien de la población, y en el retorno del Estado como motor del desarrollo económico.

Hasta ahora, por la baja institucionalidad y la necesidad de resultados y recursos en el corto plazo para atender múltiples necesidades, hay una evidente tensión entre el paradigma del vivir bien, en armonía con la Madre Tierra, y las acciones de desarrollo e industrialización que el mismo gobierno impulsa o apoya: explotación de hidrocarburos, minería, incluido hierro y litio, construcción de las represas para las hidroeléctricas del río Madera en la Amazonía, infraestructura de vinculación continental, etc. La economía del país, como en el pasado y pese al discurso oficial de cambiar el patrón primario exportador, continúa sustentándose en la explotación y exportación de recursos naturales. En los últimos años, entre el 70 y 80% de las exportaciones del país corresponden a hidrocarburos y minería, que sustentan las políticas sociales.

Hay incoherencia entre discurso y práctica en este tema, pero está claro que no es posible en el corto ni mediano plazo salir de la condición –histórica y cultural- de país exportador de materias primas y dejar de vivir del extractivismo, en sus varias expresiones; pero si en verdad se quiere cambiar la matriz productiva y dejar de ser un país primario exportador y avanzar hacia el nuevo paradigma, es necesario asumir el reto y empezar a sentar bases desde ahora. El mismo gobierno reconoce estas tensiones: "… no se puede dejar de mencionar una tensión latente y muchas veces abiertamente contradictoria entre el Vivir Bien y el desarrollo: Por un lado la Constitución se erige sobre la base de una ética ecologista en nombre del Vivir Bien (VB) pero por otro se establece constitucionalmente una meta desarrollista e industrializadora como tarea fundamental del Estado. Esta es una contradicción que se ha mantenido latente sin que sea abiertamente debatida (MPD, 2010).

Asimismo, persisten relaciones de tensión, conflictos y disputa entre los diferentes actores de la economía plural, por ejemplo por la tierra, los bosques y otros recursos de biodiversidad; por la ampliación de la frontera agrícola y sus efectos colaterales; la sobreposición entre la propiedad y los derechos de pueblos indígenas y comunidades campesinas sobre sus tierras y territorios y concesiones forestales, mineras o hidrocarburíferas; la contaminación ambiental provocada por actividades extractivas, sobre todo de los ríos en cuyo cauce se encuentran comunidades y centros poblados; tensiones y conflictos por el acceso al agua entre diferentes actores y sectores.

También se tensionan las relaciones entre iniciativas estatales –como la importación de productos alimenticios, por ejemplo- en la medida en que afecten a los productores nacionales, sean grandes, medianos, pequeños o campesinos indígenas.

En las condiciones actuales, el Estado con sus nuevos roles tiene el poder de decisión y recursos para implementar sus iniciativas. Los productores agroindustriales se han potenciado y han fortalecido sus capacidades instaladas en los últimos 25 años; aunque en términos de productividad y rendimiento se puede discutir si se ha avanzado sustancialmente. En cambio la mayoría del sector campesino indígena, los pequeños productores, estén organizados o no para desarrollar sus actividades económicas, se han depauperado. Este, el del modelo de desarrollo económico, es uno de los temas centrales que deben ser debatidos en la Cumbre.

*******

Propuesta:

Superar la tensión –salvable- entre la perspectiva industrialista y extractivista y los postulados de la defensa y respeto de la madre tierra, en la perspectiva de darle contenido más preciso y viable al paradigma del vivir bien. Esto es utilizar los recursos naturales de manera responsable, respetando los derechos de los pueblos indígenas, de los trabajadores y del resto de la población boliviana y mitigando los efectos sobre el medio ambiente.

Todo modelo de desarrollo debe lograr un nivel mínimo de calidad de vida universal de la población. El modelo de desarrollo boliviano que conjunciones ambas perspectivas para lograr el vivir bien, debe también asumir este como su reto principal. Esto es, que absolutamente toda la población acceda a una adecuada cantidad y calidad de alimentos, lo que implica para quienes no producen sus alimentos contar con ingresos suficientes para ello. Del mismo modo lograr niveles de salud y educación que dignifiquen la vida de las personas. Asimismo, cuidar y mantener la integración familiar, fortalecer el sentido de comunidad y protección, y el logro de satisfacciones en lo espiritual. La vigencia y ejercicio de todos los derechos es otro reto de todo modelo de desarrollo.

Además planteamos la necesidad de elaborar un nuevo Plan Nacional de Desarrollo con una perspectiva de largo plazo, de al menos la próxima década, que defina claramente el norte para nuestro desarrollo y con mayor claridad de las tareas de los diferentes actores de la economía plural. Este nuevo Plan deberá ser elaborado con participación y consulta ciudadana, con la incorporación de todas las entidades territoriales, tal como lo establece la CPE.

Tierra: acceso, control y gestión

1. Saneamiento y titulación de la tierra

Según información reciente del INRA, el avance en el proceso de saneamiento y titulación de la tierra en Bolivia alcanza a 56 millones de hectáreas de las 106 millones objeto de saneamiento. 9,1 millones están en proceso de saneamiento y un 37% falta por sanear.

Propuesta:

Concluir con el saneamiento y titulación de la tierra. El Estado a nivel nacional y a niveles subnacionales deben asignar recursos económicos para asegurar la conclusión del saneamiento de la tierra (con metas específicas) al 2013. Dichos recursos deben ser parte de sus presupuestos y planes operativos, sin lo cual el desembolso de fondos públicos debería quedar paralizado hasta que se subsane el error. Las organizaciones sociales deberán ser las garantes del cumplimiento de la asignación de recursos para este propósito. Asimismo, otra fuente que debe contribuir con recursos económicos para el saneamiento es el Fondo Indígena.

Por otra parte, a petición fundamentada de organizaciones campesinas indígenas afectadas, revisar las carpetas de zonas y propiedades donde se presume que hubo un proceso fraudulento de titulación de la tierra.

2. Acelerar la dotación de tierras fiscales

Actualmente se cuenta con 21 millones de hectáreas de tierra fiscal, de las que 7,5 millones son aptas para dotación; hasta ahora se dotaron algo más de un millón y medio. El proceso es lento debido a varios factores internos y externos al Estado, entre ellos, dificultades y conflictos entre organizaciones y dirigentes. La CPE, la Ley Agraria 3545 de reconducción comunitaria de la reforma agraria y su Decreto Supremo 29215 reglamentario son suficientes para redistribuir las tierras fiscales disponibles a indígenas, campesinos, originarios, interculturales y afrodescendientes que no tienen tierra o la poseen de forma insuficiente.

Propuesta:

Acelerar la redistribución de las tierras fiscales para campesinos indígenas, para quienes no tienen tierra o la tienen de manera insuficiente. Analizar si la única forma de dotación de tierras fiscales es vía titulación colectiva o si es posible implementar modalidades que combinen tanto la propiedad colectiva como familiar.

Lograr una mayor coordinación entre las organizaciones sociales y el Estado en sus diferentes niveles e instancias para la dotación de tierras fiscales, lo que adicionalmente ayudará a evitar dobles titulaciones, la inclusión de extraños y terceros como comunarios, tensiones por la tierra entre organizaciones, etc.

3. Reversión de la tierra

Propuesta.

El Estado debe hacer un mayor esfuerzo para cumplir la actual Ley y lograr la reversión de las tierras mal habidas y las que no cumplen con la función económica social (FES), durante el proceso de saneamiento y posterior a este proceso. Aquí también la constitución y las leyes actuales conexas son suficientes para revertir las propiedades improductivas, principalmente en tierras bajas.

4. Tierras en manos de extranjeros

Aunque no existe información oficial, la realidad muestra que hay cada vez más interés por la compra y acaparamiento de tierras, fenómeno que se denomina "extranjerización de la tierra”. Sobre todo las del trópico y la Amazonía son cada vez más apetecidas para el agronegocio, dada la demanda mundial de alimentos y biocombustibles. Si se quiere garantizar la seguridad y soberanía alimentaria del país, es importante abordar este tema. Conocer, investigar, monitorear la propiedad de la tierra. Algunos gobiernos de la región están tomando medidas contra este fenómeno.

Propuesta:

Establecer normas y mecanismos para evitar la extranjerización de la tierra:

- INRA debe continuar con el saneamiento de la tierra sólo para ciudadanas y ciudadanos bolivianos.

- A través del registro en Derechos Reales de la compraventa de propiedades, evitar que extranjeros compren la tierra.

- Ejercer control social desde las organizaciones sociales frente a indicios de la extranjerización de la tierra.

- En los procesos de verificación de la FES y FS, el Estado debe contar con mecanismos e información que le permitan identificar indicios de extranjerización de la tierra.

- Establecer y regular el mercado de tierras, incluyendo mecanismos que eviten este fenómeno a través del alquiler de tierras y diferentes formas de aparcería.

- Prohibir de manera explícita la venta de tierra a extranjeros, capitales transnacionales y gobiernos extranjeros, ni su acceso bajo diversas modalidades como el alquiler, aparcería y otras.

5. Respeto a la propiedad colectiva de campesinos e indígenas, no son latifundistas

Se indica, equivocadamente, que los indígenas son los nuevos terratenientes, latifundistas y que tienen demasiada tierra, la que hay que redistribuir. Según datos del INRA al 2011, de las 21 millones de hectáreas tituladas a las TCOs, 13 millones han sido tituladas a favor de TCOs campesinas, propiedad comunaria y pequeña propiedad, principalmente campesinas. La misma fuente indica que en muchas TCOs apenas tienen 10, 40 y 45 hectáreas por familia; pero también hay otras con una superficie equivalente a más de 500 hectáreas por familia, aunque la calidad de los suelos es muy diversa, entre marginal, aptitud no apta para agricultura o con vocación forestal, etc. Por supuesto que campesinos indígenas de tierras altas, de occidente, tienen tierra insuficiente o carecen de ella, situación que nadie puede negar.

Propuesta:

Garantizar el respeto a la propiedad colectiva de indígenas y campesinos (TCOs, propiedad comunaria) y promover la gestión integral de los territorios. Como establece la CPE (Art. 394-I), la regulación de las extensiones máximas y mínimas sólo debe alcanzar a la propiedad agraria individual y no así a la propiedad comunitaria o colectiva.

6. Inequitativa distribución de la tierra

El referéndum de 2009 ha determinado que la superficie máxima de la tenencia de la tierra en Bolivia es de 5.000 hectáreas, pero, el Art. 399, I indica que su aplicación es para futuras dotaciones, lo que prácticamente deja intacta la inequitativa distribución de la tierra en Bolivia. Es por eso que campesinos e indígenas corren el riesgo de disputarse en gran medida tierras marginales, de poca capacidad productiva o bosques de donde los indígenas se proveen de alimentos, ingresos y medicinas y no constituyen lugares aptos para la producción agrícola porque sus suelos son frágiles; mientras que las mejores tierras han quedado en manos de grandes propietarios -muchos de ellos extranjeros o vinculados a capitales externos- y donde el saneamiento y titulación de la tierra no ha concluido en esas zonas.

Propuesta:

Respetar la tierra y recursos naturales de propiedad colectiva de los indígenas y también de los campesinos, los medianos y grandes propietarios que la poseen legalmente y la trabajan.

Sin embargo un verdadero cambio en la estructura de la tenencia de la tierra, una verdadera equidad en la distribución de la tierra en el país implica modificar el Artículo 399 de la Constitución. Este es el verdadero problema, el verdadero debate sobre la tierra en Bolivia.

¿Será posible incluir este tema en la agenda de diciembre y encarar este reto?

7. Control y gestión de la tierra

El mayor desafío de las organizaciones y familias campesinas indígenas es el control de la tierra titulada y saneada, frente a la diversa gama de amenazas que se ciernen sobre ellas y los recursos naturales: maderas, pastizales, diversos productos del bosque, recursos de caza y pesca; pero también amenazas de apropiación y avasallamientos por otros sectores, demanda de alquiler de tierras, incluso de compra, etc.

Propuesta:

Es necesario el fortalecimiento de las organizaciones campesinas indígenas para afrontar el desafío del control de la tierra y los recursos naturales. Además, el Estado debe, como ya indica la Ley, apoyar económicamente procesos productivos con criterios de sostenibilidad en las tierras tituladas y saneadas a favor de campesinos indígenas.

También es necesario actualizar y dar cumplimiento al Plan de Uso de Suelos, PLUS.

Producción y productividad para la seguridad alimentaria

1. Actor estratégico de la soberanía alimentaria

Tanto la CPE como la Ley Nº 144 tienen el propósito de lograr la soberanía alimentaria del país, lo que debe estar a cargo del sector agropecuario.

Los campesinos indígenas han bajado su capacidad productiva y su aporte a la alimentación del país –aunque los datos no son precisos- por la desatención del Estado a este sector. Contrario a lo que se cree, la población rural sigue en aumento, actualmente son 3,5 millones y en 2030 serán 3,8 millones (INE 2011).

Según el Ministerio de Desarrollo Rural, al menos son 700 mil familias campesinas indígenas que se dedican a la producción agropecuaria, para su alimentación y para la alimentación del país, y generan empleo directo e indirecto. Al 2007 se cultivaban unos 2,5 millones de hectáreas en el país: 1,4 millones corresponden a los pequeños productores campesinos, indígenas y originarios, destinadas a la producción de alimentos: cereales, frutas, tubérculos y hortalizas; los restantes 1,1 millones están destinadas a la producción de cultivos industriales empresariales: soya, algodón, sorgo y otros (MDRAMA, 2007).

Las normas vigentes incluyen de manera tímida a las y los pequeños productores en cuanto a su rol en la economía del país y la producción de alimentos. Un verdadero reconocimiento de estos actores implica normas más claras en su favor con la asignación de recursos económicos y ajustes en la

institucionalidad estatal.

Propuesta:

Sin dejar de lado que los diferentes actores de la economía plural tienen su rol en la producción de alimentos, se debe apostar claramente por las y los productores campesinos indígenas. Apostar a que ellas y ellos ejerzan un rol estratégico en la producción para la seguridad alimentaria del país, que produzcan alimentos para ellos y para el resto de la población boliviana; debe ser un acto de justicia y resarcimiento a la histórica desatención del Estado a los campesinos indígenas.

Ley Nº 144 de Revolución Productiva

Se ha formulado la ley con amplia participación de las organizaciones campesinas indígenas, de hecho las propuestas iniciales surgen de las organizaciones a partir de la propuesta de la década productiva. Sin embargo en el proceso se han incorporado nuevos temas, algunos de ellos complejos y contradictorios, como el de las semillas transgénicas. Asimismo, una de las debilidades de la Ley es la disponibilidad de recursos económicos para su implementación. Con el propósito de contribuir a la concreción de los aspectos relevantes de la indicada ley y modificar aquellos aspectos que no han quedado bien formulados o son contradictorios, se propone:

Propuesta

Planificación estatal con participación social. A nivel nacional, departamental, municipal y autonomía indígena originario campesina se deben elaborar planes estratégicos concertados con las organizaciones de la sociedad civil. El nivel nacional, además de dar los lineamientos estratégicos para un nuevo Plan Nacional de Desarrollo, debe marcar metas globales de país a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo: incrementar el porcentaje de recursos públicos destinados a inversión productiva en todos los niveles del Estado; metas globales del incremento del área de riego –ejemplo, del 6 al 15% en la próxima década-; metas nacional/departamentales de incremento de la productividad –ejemplo, conversión de la ganadería extensiva a semiintensiva o de rendimientos agrícolas o pecuarios, etc. Estos lineamientos y metas deben ser asumidos y especificados en los niveles subnacionales, en el marco de sus propios planes estratégicos; y las organizaciones sociales deben ejercer el respectivo control social a las entidades territoriales autónomas.

Bajo estas circunstancias ya no son necesarios los varios consejos económicos productivos que se piensa constituir con la Ley 144.

Ámbito económico financiero y transferencias de recursos

En la indicada Ley 144 (art 4,12) se propone transferir recursos a las comunidades indígena originario campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas, además de otros mecanismos de financiamiento. Asimismo constituir Fondos concurrentes departamentales productivos y la transferencia condicionada de los fondos concurrentes productivos departamentales.

Lo referido al financiamiento es la parte más débil de la Ley y no responde a las demandas del sector IOC, ni queda claro con qué recursos se implementa dicha Ley. Hay una timidez en la atención a la demanda de las organizaciones indígena originario campesinos. Se dice que se transferirá recursos pero, luego, primero hay que constituir el fondo concurrente que difícilmente se podrá hacer por la escasez de recursos y por lo complejo que resulta que los gobiernos autonómicos asignen recursos teniendo tantas prioridades en sus jurisdicciones. La Ley no les obliga a ello, sólo indica que "podrán” constituir dichos fondos. Pero incluso así, antes de acceder a esos fondos los campesinos indígenas deben demostrar que tienen necesidad de acceder a esos recursos y que no hay otras formas ni alternativas de financiamiento. Al final, las comunidades acabarán mendigando recursos, quizá será más complejo que lo que ocurre ahora.

Propuesta:

El financiamiento para la implementación de la Ley 144 podría provenir de:

- Recursos del TGN. Incrementar el actual 10% del presupuesto anual que se destina a la inversión productiva, ejecutados mediante proyectos estratégicos y de impacto nacional/regional.

- Recursos de las Autonomías: departamental, municipal e indígena originario campesino, deberán destinar un porcentaje significativo a la implementación de la ley. De ese monto, por ejemplo un 40% se puede destinar de manera directa a las comunidades de manera gradual hasta alcanzar ese porcentaje. El 60% restante debe ser para proyectos estratégicos y de impacto en cada nivel de autonomías. Toda transferencia directa se debe hacer en el marco del plan estratégico de la autonomía respectiva; se debe regir por normas y mecanismos que sancionen los malos manejos y otorguen estímulos a la transparencia y eficacia, etc.

- Reservas Internacionales. Asignar 2 mil millones de las reservas internacionales para

las autonomías para que mediante esas instancias se financie la implementación de la ley de revolución productiva, siempre en el marco de los planes estratégicos. Estos fondos deben ser asignados a los municipios con cargo a devolución en plazos y a interese por estudiar. La distribución de recursos debe ser según criterios combinados de población, nivel de índice de desarrollo humano y de pobreza. Parte de dichos recursos (por ejemplo un 30%) puede ser transferido directamente a comunidades campesinas indígenas, el saldo a inversiones estratégicas según el plan estratégico de la autonomía.

- Fondo Indígena. Además de la descentralización necesaria, un porcentaje importante (por ejemplo 50%) de los recursos del Fondo Indígena se deberían destinar exclusivamente al fortalecimiento de la capacidad de producción de alimentos para la seguridad alimentaria en el marco de la Ley 144 y del Plan estratégico de la autonomía a la que pertenecen los demandantes.

Finalmente la seguridad alimentaria de la población boliviana no sólo depende de la producción y disponibilidad de alimentos, sino también de la capacidad adquisitiva de la población que no produce sus alimentos, y en esto el reto de generación de empleos y remuneración adecuada es otro aspecto importante para la viabilidad de la Ley 144.

Semillas transgénicas

Este sigue siendo un tema controversial, hay contradicción entre los art. 225 y 409 de la Constitución. La Ley 144, Art. 15.2 indica: No se introducirán en el país paquetes tecnológicos agrícolas que involucren semillas genéticamente modificadas de especies de las que Bolivia es centro de origen (ej. papa) o diversidad (ej. maíz) ni aquellos que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana. ¿cuáles serán esos?, ahí empieza el debate.

Tal como está redactada la norma, se deja la puerta entreabierta para el uso de los transgénicos en Bolivia. Como se sabe, actualmente está autorizado el uso de semilla transgénica de la soya. También se dice que hay producción de maíz y arroz transgénico, pero no hay información oficial al respecto.

De todas maneras, con el art 15.2. se permite por ejemplo la producción de arroz, caña de azúcar –para azúcar, alcohol, etanol, etc.-, algunas hortalizas transgénicas, ya que Bolivia no es centro de origen ni de diversidad de estos rubros.

Todavía hay mucho debate sobre los efectos de los productos transgénicos sobre la salud humana; pero ya existen estudios que dan cuenta de los graves efectos sobre las personas. Sobre el medio ambiente y la biodiversidad es inminente su efecto; pero el efecto mayor será de carácter económico, en el sentido que los productores que accedan a las semillas transgénicas irán perdiendo su autonomía y dependerán cada vez más de los productores y proveedores –transnacionales- de dichas semillas y el paquete tecnológico que lo acompaña. También ha quedado descartado que las semillas transgénicas tienen mayor productividad que las semillas convencionales.

Propuesta:

Dejar sin efecto aquellos puntos de los Arts. 15 que se refieren al tema, ya que la Constitución Política del Estado, en su Art. 255, II, 8 establece la "prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente". Pero también se deberá poner los mecanismos para poner límites a la producción transgénica de la soya y estimular desde el Estado la producción convencional y orgánica de este y otros rubros.

Es verdad que el Art. 409 de la CPE indica que "la producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por ley”, que bien puede servir para el caso de la soya transgénica autorizada.

Políticas de comercio internacional.

Propuesta:

El estado deberá normar las importaciones de alimentos y productos agropecuarios mediante barreras comerciales para proteger la producción agropecuaria interna y crear incentivos y mejores condiciones productivas para obtener productos que puedan competir con las importaciones.

De manera similar, en el marco de programas de planificación productiva concertadas se deberán normar las exportaciones de productos agrícolas para garantizar la seguridad alimentaria nacional.

Además, promover normas arancelarias comunes con los países de la región, para garantizar el abastecimiento interno del país, sin dejar de lado las exportaciones de los excedentes.

[Fuente: Boletín Virtual No 416, Año 10. Diciembre de 2011. RED de comunicación del personal de CIPCA-Bolivia].

Cipca

Centro de Investigación y Prom
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