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Artículos - Opinión
30.10.2009
Entrevista con Ivana Larrosa, Directora de AI: Estado de inconciencia
Walter Pernas
Adital

Según la activista, el plebiscito por la ley de caducidad demostró que los uruguayos" no tenemos conciencia de qué significa tener derechos inalienables" y apuntó que hay que construir una nueva cultura en ese sentido.

Más allá de la desazón que dejó en gran parte de la ciudadanía (al menos en casi el 48 por ciento) el revés plebiscitario del domingo 25, hay algunas causas societales que quizá expliquen el comportamiento de gran parte de ese 52 por ciento que no votó Sí a la anulación de la ley de caducidad. Algunas lecturas políticas indican con cierta ligereza que ese 52 por ciento dijo no a la supresión de la norma, por más violatoria de los derechos humanos que sea, pero esto no parece ser lo más acertado (véase recuadro).Sin embargo, la reforma no fue aprobada y la ley inconstitucional (según la última sentencia de la Suprema Corte de Justicia, SCJ) y violatoria de las convenciones internacionales de derechos humanos (según la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas) sigue vigente en Uruguay.

¿Por qué alguien puede votar -por omisión, pero votar- contra sus propios derechos fundamentales? ¿Por qué no se defiende un derecho humano como el derecho de justicia? La directora de Amnistía Internacional en Uruguay (AI), Ivana Larrosa, dijo a Brecha que "hay mucha gente que ve el tema de los derechos humanos como en la lejanía; se refiere a ellos como una utopía, y justamente es todo lo contrario. Nuestros derechos son de todos los días: desde ir a un lugar a pedir información, y que nos traten correctamente, a que se respete nuestra integridad en todos los planos". La activista vislumbra que "falta apropiación de los derechos humanos: entender que los derechos son nuestros a toda hora del día, todos los días, estemos donde estemos, y que no dependen de la voluntad de las autoridades, gobiernos, estados, o de la decisión de otras personas".

"Si esos derechos no existieran promulgados ni aceptados, seguramente no tendríamos las relaciones que existen hoy en la sociedad, pero también es cierto que no todos visualizamos esto, y no creo que sea fácil hacerlos efectivos todo el tiempo", remarcó. Para Larrosa es "necesario construir una cultura de derechos, en la que se reconozcan a los derechos humanos como valores esenciales".

-Hoy esa cultura no existe en Uruguay. ¿Por qué? ¿Por qué no hemos logrado internalizar esos conceptos?-En sociedades como la nuestra, luego de las dictaduras se van formando ciertos eventos que van restituyendo de a poco la noción de los derechos, pero tiene que pasar un buen tiempo, con medidas positivas y afirmativas para que asumamos plenamente esos derechos.

Añadió que en Uruguay efectivamente esa noción fue creciendo en estos últimos años pero, "lo que pasó con el plebiscito es una muestra de que todavía no tenemos una conciencia real de qué significa tener derechos inalienables, qué significa el valor de la justicia con respecto a derechos violados, porque si tuviéramos una conciencia tan clara no se darían estos discursos contrapuestos y no se llevaría el tema a planos que no son los de los derechos humanos". Larrosa se refiere a los discursos políticos, que se suelen mezclar en estos asuntos: "muchas veces la gente vincula estos temas a lo político partidario, pero no se da cuenta de que la persona en sí misma es un ser político con derechos, que puede reclamar, protestar, exigir justicia, y ejercer presión para que efectivamente se cumpla con la justicia. Pero todo esto falta para que se incorpore sólidamente en la ciudadanía", reflexionó.

LECTURAS POLÍTICAS

-Pero entonces, qué validez tiene un pronunciamiento en las urnas sobre el derecho de una víctima a reclamar y obtener justicia?

-Al llevar este tema al plano de un plebiscito, se puede prestar para interpretaciones erróneas. Lo único que se decidió fue. mantener una ley. Ni una mayoría ni una minoría nos puede dar o quitar derechos humanos. Tengo derechos fundamentales en tanto soy un ser humano. Por eso nadie perdió el derecho de reclamar verdad y justicia porque ese derecho es inalienable.

-Sin embargo, Uruguay perdió una oportunidad trascendente para derrotar a la impunidad, y ahora se deberán recorrer nuevos rumbos...

-La ciudadanía tenía la posibilidad de decidir que en Uruguay dejara de existir una aberración como es la ley de caducidad, que privilegia a un número de ciudadanos que no van a responder por los crímenes que cometieron. No se hizo, y eso sólo quiere decir que la ley se mantiene, y que habrá que buscar nuevos caminos para vencer a la impunidad. Las víctimas y sus familiares van a poder seguir reclamando y las organizaciones de derechos humanos también.

Sin embargo, a Larrosa le gustaría que se estudiara cuáles fueron los motivos por los cuales 52 por ciento de las personas que sufragaron no pusieron la papeleta rosada en el sobre de votación: "Me encantaría saber qué argumentos tuvieron para actuar de esa manera. Ahí sabríamos si hubo desinformación, falta de interés, si esas personas no ven como importante apoyar el acceso a la justicia, a la verdad, o qué pasó.” Para la activista, el plebiscito se tiñó de lecturas políticas, del tipo "este es un tema laudado" en el referéndum de 1989, que no ha permitido centrar el asunto en lo más importante: "restablecer un derecho fundamental".

"Ningún tema de esta naturaleza puede quedar concluido, porque no se puede construir, mirar hacia adelante, si no sabemos lo que pasó, si nuestros hijos tampoco lo van a saber, si falta la verdad, y si no hay justicia. Un país no puede señalar que va a respetar los derechos humanos si no ha logrado corregir esta situación violatoria, ni restablecido el derecho de justicia. De esa manera, ¿qué garantías me puede dar un país de que esto no se repita, si el país no castiga a quienes cometen estos crímenes?", se preguntó Larrosa.

PARECIDO NO ES LO MISMO. INJUSTICIAS CONSTITUCIONALES Y DE LAS OTRAS

Dentro del porcentaje que no votó Sí rosado el domingo 25 de octubre hay gente –muy probablemente más del 2,6 por ciento que faltó para aprobar el plebiscito- a la que no le interesa el asunto de la ley de caducidad y no quiso pronunciarse, otra que no pudo discernir si estaba bien o no votar Sí, y alguna que ni sabía lo que se votaba con la papeleta rosada. El punto es que, en realidad, todos estos ciudadanos que fueron a votar sumaron por el No al no ensobrar la hoja rosada. Pero no se puede afirmar ligeramente que 52,64 por ciento de los votantes le dijo no a la anulación, cuando ese pronunciamiento rotundo no existió. No podía existir porque -a pesar de que así lo establece la Constitución- sencillamente no había papeleta por el No. Entonces ese 52,64 por ciento está compuesto por una gama de voluntades que quedaron atrapadas en un No, porque no tuvieron derecho a votar en blanco o anulado.

"Los votantes se expresarán por Sí o por No ", reza el artículo 331 de la Constitución refiriéndose a ciertos proyectos que deberán ser sometidos a plebiscito. Y el catedrático de derecho constitucional José Korseniak dijo que la Constitución "claramente " señala que debe haber papeletas por Sí y por No en cualquier plebiscito, pero que "se ha aceptado pacíficamente " que en algunas oportunidades no las haya por "razones de economía procesal" (Sabuesos, AM Libre, jueves 29).La supresión de este derecho no permite saber hoy cuántos votos efectivamente habrían ido al No, aunque podamos interpretar que seguramente son muchos menos que los que optaron por la papeleta rosada. La suma de los voto? en blanco (21.435) y los anulados (28.186) en la elección nacional -en la que sí se podía votar de esas maneras- da una cifra de 49.621 votos, que es el 2,15 por ciento de los emitidos.

Si se descontara esa cifra, el voto por No tendría 50,49 por ciento. Y si de ese número se descontara a quienes en realidad no querían pronunciarse acerca de la anulación de la ley, pero cuyos sufragios no son considerados en blanco -porque al introducir la lista de algún partido el voto deja de considerarse en blanco-, la cantidad seguramente descendería hasta quedar por debajo del 50 por ciento. Esto debería llamar a la reflexión, porque no es lo mismo considerar una cifra de 52,64 por ciento que otra de menos del 50 por ciento: el rechazo real a la anulación de la ley de caducidad seguramente tiene menos de la mitad de los votos emitidos el domingo 25 de octubre. Sin embargo, y de acuerdo a la Constitución, para que se aprobara la reforma el Sí debió alcanzar el 50 por ciento más uno de los votos emitidos. Y eso no pasó. Incluso, si hubiera habido una papeleta por Sí y otra por No, y la rosada hubiera superado en votos a la otra -pero ambas tuvieran porcentajes inferiores a 50- la ley de caducidad tampoco se habría eliminado porque necesitaba llegar a la mitad más uno de los votos emitidos.

Por ello, en cualquier circunstancia plebisicitaria los votos en blanco y anulados suman como votos emitidos, y eso obliga a que la papeleta de reforma deba obtener más votos para superar la barrera del 50 por ciento más uno de los que ese día sufragaron. La única manera de no pronunciarse por una reforma es no ir a votar -y pagar la multa-, de lo contrario se opta en uno u otro sentido. La papeleta rosada fue la más votada (47,36 por ciento) -incluso habiendo hoja por el No, la del Sí hubiera sido la de mayor adhesión-, pero aun así no logró el objetivo de anular la ley debido a los topes que exige la Constitución. Cuestionar e incluso impugnar la decisión de la Corte Electoral por no haber habilitado papeletas por Sí y por No en las consultas populares-como se habilitaron, por ejemplo, en el plebiscito de 1980- es posible, pensando en el presente pero también en el futuro. Y también es posible fomentar cambios constitucionales, por ejemplo si se quisiera bajar los topes necesarios a fin de aprobar una reforma, o para que los plebiscitos no necesariamente se hagan junto a las elecciones nacionales, y así evitar que queden entreverados y opacados por éstas. Llegar a que efectivamente estos cambios cristalicen es mucho más costoso, aunque no imposible.

[Enviado por Comcosur].

Walter Pernas

Brecha
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