Lunes, 22 de diciembre de 2014
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Pueblos Indígenas
16.12.2008
Discriminación hacia indígenas es ejercida por el Estado
Adital

Los informes 12 y 13 del Estado, solicitados por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) revelan que la mayoría de las denuncias presentadas por racismo han sido en contra de funcionarios públicos. Según una información del matutino Prensa Libre, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (CODISRA), que coordinó la redacción del documento, recogió por medio de su asesoría jurídica 35 denuncias de pueblos indígenas, las cuales están en proceso de resolución, y otras 131 que ya fueron cerradas.
 
La mayor parte de los hechos cerrados fueron cometidos por empleados públicos; 48 de esos casos fueron resueltos en el área administrativa, lo que implicó sanciones como disculpas públicas, despidos o acuerdos, sobre todo en establecimientos educativos. 
 
Antonio Curuchich de CODISRA dijo que existe un avance en materia de que los casos de discriminación racial sean castigados con cárcel de hasta tres años, sin embargo aún hace falta mucho que hacer en la cobertura educativa y de salud, en donde la discriminación es más evidente.
 
Por otro lado, el Estado no tiene voluntad política de buscar y reconocer los derechos de los pueblos indígenas dijo Ricardo Suluguí, de la Defensoría Maya, entidad que aboga por reconocer el derecho indígena y por facilitar el acceso a la justicia ordinaria. 
 
El Informe, que contiene datos sobre avances y asignaturas pendientes en materia de educación y salud, forma parte del cumplimiento de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y se encuentra en la sede de la CERD, en Ginebra.
 
Una vez que sea analizado CODISRA publicará el documento completo y lo dará a conocer con las organizaciones civiles e instituciones implicadas.
 
Para Anders Kompass, de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el desafío consiste que exista la voluntad y el compromiso por parte del Estado de implementar la Convención para que se traduzcan en realidad perceptible para los pueblos indígenas del país.

La nota es de Cerigua

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